Situación de extrema gravedad los penales de Morelos: CDHM

Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHM), condenó los hechos violentos ocurridos el día de ayer en el penal de  Atlacholoaya, que culminaron con personas lesionadas y con la pérdida de vidas humanas.

 

En un vídeo, reprobó enérgicamente las presuntas omisiones en que han incurrido las autoridades encargadas del sistema de reinserción social y que han propiciado que continúe la violencia en los centros que están bajo su responsabilidad.

 

De tal suerte que, subrayó que estos hechos no pueden entenderse de manera aislada sino en función del contexto que se ha vivido en los centros de reinserción en los últimos meses, en el que se han presentado constantes riñas, lesionados, muertes e incluso suicidios, sin que se tomen las medidas suficientes y necesarias para evitarlos al máximo.

 

 

 

Ante este escenario, recordó que hace más de cincuenta días dio a conocer el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP), en el que se destaca, en el caso del penal de Atlacholoaya, que se asignó una calificación reprobatoria de 4.7, principalmente por la sobrepoblación que genera condiciones de hacinamiento, además de la insuficiencia en el personal de custodia ya que por cada 33 personas privadas de su libertad hay solo un custodio, cuando lo idóneo en el ámbito internacional es de 3 por 1 y en última instancia, 8 por cada 1 de acuerdo a la media nacional de la que dio cuenta el INEGI. 

 

 

No obstante, Hernández Cruz lamentó que se mantenga esta situación de alarma anunciada que no deja de poner en evidencia que a pesar de los frecuentes operativos implementados para asegurar objetos prohibidos (armas, droga, teléfonos, etc.), queda claro la facilidad con que ingresan a los centros penitenciarios, generando sospechas fundadas de corrupción y complicidad.

 

Manifestó que la CDHM observa una situación de extrema gravedad, producida por los daños permanentes a la salud, integridad y vida de las personas privadas de la libertad que las autoridades públicas tienen bajo su responsabilidad y custodia. Las presuntas omisiones en que han incurrido y el hecho de no tomarse en serio el DESP elaborado por este organismo autónomo para tomar acciones oportunas, han puesto en peligro constante dichos derechos, colocándolos en estado de amenaza, además de genera con ello una responsabilidad agravada.

 

 

Por tanto, el presidente de este organismo exigió la adopción de medidas extremas y el fincamiento de responsabilidades en los ámbitos que legalmente resulten procedentes, además de que se solicite inmediatamente al Gobierno de la República que asuma el control de al menos del Centro de Reinserción Social Morelos (Atlacholoaya-Xochitepec).

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